La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal, según se recoge en la exposición de motivos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados.

 

Esta misma exposición de motivos publicada en el BOE del 15 de diciembre de 2006 explica que el reto no es otro que "atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía."

 

España es un país comprometido con las personas en situación de dependencia y aunque las competencias están trasmitidas a las diversas Comunidades Autónomas, es el própio estado quien aprobó una ley nacional que tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

 

La situación de dependencia tiene que ser reconocida por los servicios sociales de la localidad o provincia donde resida la persona para la que se tramite este reconocimiento, y a partir de entonces se podrán solicitar ayudas sobre todo económicas encaminadas a facilitar el bienestar.

 

El tipo de ayuda para estas personas puede consistir en una cantidad mensual para pagar un cuidador, una bonificación para comprar una silla de ruedas, el acceso a una plaza en una residencia o cualquier otra dependiendo de las necesidades de la persona  y de las normas de las distintas Comunidades Autónomas por lo que sería muy extenso dedicar un post a la normativa de cada una de las Comunidades Autónomas con respecto a la aplicación de la citada Ley.